Los días después de las votaciones, aún con claros partidos ganadores, son días para consultar datos y comprender los resultados electorales. Durante la campaña para gobernar la Asamblea de la Comunidad de Madrid la inmigración y la diversidad de nuestra sociedad han sido también protagonistas. En demasiadas ocasiones se han vertido informaciones falsas (sobre inseguridad, criminalidad, reparto de empleo o ayudas sociales) que facilitan la discriminación, pero también es importante señalar que se ha hablado sobre la importancia del voto migrante, un fenómeno relativamente novedoso, y la necesidad de unos servicios públicos inclusivos.
La pasada semana en nuestra sección PosicionaT llamábamos a la responsabilidad de las y los representantes públicos y medios de comunicación para la defensa de los derechos humanos. Creemos que es importante trabajar para visibilizar que la libertad se basa en tener igualdad de oportunidades. Que la vivienda, el empleo, la educación y la sanidad, entre otras cuestiones, que nos hacen libres necesitan contar con unos servicios públicos de calidad. Muchos serán los esfuerzos que destinaremos en el medio plazo para acortar y eliminar las brechas de las desigualdades. En la actualidad necesitamos de toda la inteligencia colectiva puesta al servicio de un presente y un futuro con derechos para todas y todos. Pero antes de seguir, en el PosicionaT de esta semana nos gustaría centrar nuestra atención sobre el llamado “voto migrante”.
En otros países europeos, donde los movimientos migratorios empezaron a repuntar medio siglo antes, o en EEUU, el voto migrante es fundamental en los comicios y los partidos políticos le prestan atención y dirigen sus discursos hacía los intereses de dicha parte de la población. Sin embargo en España y en concreto en las elecciones para la Comunidad de Madrid, a pesar de ser más de medio millón de personas migrantes nacionalizadas que viven en dicha comunidad autónoma y podían votar, casi ningún partido político se ha dirigido a ellas y ellos.
En la Comunidad de Madrid son más de un millón de personas de origen migrante empadronadas, lo cual representa el 15% de la población. Trabajan en sectores esenciales como los cuidados, la hostelería, la construcción o el trabajo en el campo, cotizan a la seguridad social y pagan impuestos pero no todas esas personas pueden votar. Casi la mitad de ellas no tienen derecho a sufragio, que es solo uno de los muchos obstáculos que tienen las personas extranjeras, sobre todo las extracomunitarias, para ejercer una plena ciudadanía en condiciones de igualdad.
Desde la llegada de una persona a España y hasta cuando logra obtener el pasaporte español, su relación con las instituciones permanece atravesada por la Ley de Extranjería. No teniendo el mismo acceso que una persona con nacionalidad española al empleo público, a la salud, a la educación o becas universitarias, a pesar de que cuenten con permiso de residencia, trabajo y contribuya con el pago de los impuestos a las arcas públicas para el desarrollo de la sociedad.
Desde 1998 hasta 2019, más de 520.000 personas extranjeras con permiso de residencia adquirieron la nacionalidad española en la Comunidad de Madrid, según las estadísticas del Portal de Inmigración del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Las personas que se han nacionalizado son sobre todo procedentes de países latinoamericanos, aunque también han ido ganando peso las de origen marroquí. La gran mayoría de ellas y ellos tiene edad suficiente para votar en las elecciones y representan más de un 10% de los casi 5 millones de votantes que han sido llamados a las urnas.
Según las personas expertas en sociología electoral se trata de un voto olvidado, a pesar de ser aún fenómeno poco estudiado en nuestro entorno cercano, a la luz de las últimas campañas electorales se puede destacar que la atención prestada a esta realidad por la mayoría de los partidos es escasa, tanto en los candidatos como en las propuestas.
Haciendo un repaso por las diferentes listas electorales se puede comprobar una escasa presencia de personas con nacionalidad española y origen migrante. Más concretamente sólo 3 de las 6 fuerzas políticas que presentaban responde en ese sentido. El PSOE cuenta como número dos con Hana Jalloul, de ascendencia libanesa y que ha sido Secretaria de Estado de Migraciones hasta hace pocas semanas. Más Madrid incorporó como número tres a Manuela Bergerot, de origen argentino y miembro del equipo técnico de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Unidas Podemos cuenta con Serigne Mbayé, portavoz del Sindicato de Manteros y la Asociación de Sin Papeles de Madrid, como número nueve. En los debates que se han celebrado el diálogo ha sido fluido a pesar de venir de diferentes trayectorias políticas.
De cara a analizar las propuestas que se han realizado en relación al voto migrante es importante destacar la campaña #VotoMigrante4M. Con el objetivo de crear conciencia y movilización contra el racismo, en estas elecciones madrileñas, una coalición de organizaciones migrantes y autóctonas la han impulsado. En ella se buscaba movilizar el voto de aquellas personas que ya cuentan con nacionalidad y, por tanto, pueden participar en las elecciones. El objetivo era concienciar a la población migrante sobre la importancia de hacerse partícipes de la política, ya sea a través del sufragio, para quienes tienen derecho a él, pero también y, no menos importantes, a través de otras instancias de movilización como asociaciones vecinales o movimientos sociales como el antirracista.
Entrando a la harina de las medidas para mejorar la situación de las y los migrantes, las organizaciones políticas centran sus propuestas en reivindicaciones que las organizaciones sociales llevan años exigiendo: reforzar el derecho universal a una sanidad pública, facilitar los trámites para conseguir el padrón municipal (necesario para el derecho al sufragio activo), apoyar a colectivos vulnerables como el de trabajadores del campo o el de empleadas del hogar y el acceso a unos servicios públicos inclusivos.
Desde Yo Soy Servicios Públicos nos parece importante dedicar esfuerzos a reflexionar sobre la demanda que exige que las instituciones deban ser inclusivas y no se produzcas practicas racistas basadas en estereotipos. Esta es una demanda social como un compromiso de la administración presente en los diferentes niveles institucionales, desde “Estrategia Integral de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de Intolerancia”, así como en el Plan de Acción de la Unión Europea para combatir el racismo y la discriminación racial. Antirracismo para 2020-2025. Desde el proyecto seguiremos trabajando por los plenos derechos y para dar respuesta a la necesidad de formación para el personal de la administración con el objetivo de facilitar información de calidad para garantizar la eliminación del racismo y la xenofobia, así como todas las formas de discriminación.
