Porque lo público es diverso, como lo es la ciudadanía

El valor de lo público

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Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Artículo 9.2 Constitución Española

El 20 de diciembre de 2002 la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 23 de junio como Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, a través de la resolución 57/277. Con este día señalado se pretendía alentar a los Estados Miembros a desarrollar acciones dirigidas a poner de relieve la contribución de la administración pública en el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, poner en valor el servicio público para la comunidad y destacar y reconocer el trabajo de los empleados y empleadas públicos.

En 2016, el valor de lo Público se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación de su Agenda 2030, bajo el principio de no dejar a nadie atrás. Reivindicando con ello la necesidad de una prestación efectiva e igualitaria de servicios públicos. A raíz de la pandemia por Covid 19, reconociendo el peligro que esta ha supuesto para el cumplimiento de la fecha límite de 2030, al desviar recursos de los esfuerzos de desarrollo a la respuesta a la crisis, se ha puesto aún más si cabe el valor del servidor público como valor clave para garantizar una respuesta efectiva a la crisis sociosanitaria a nivel mundial.


En este sentido, la labor de la acción pública cada vez es más importante, aunque las políticas económicas neoliberales de parte de los representantes políticos traten de convencernos de lo contrario en favor de la iniciativa privada o de mercado, no solo atender las necesidades de la ciudadanía, sino también sus respectivos requerimientos y expectativas sobre la recepción de servicios públicos. El concepto de valor público se encuentra referido al valor creado por el Estado, a través de la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan satisfacer necesidades propias de la población. Fue Mark Moore quien introdujo el enfoque de valor público en 1995 y lo definió como aquello que la ciudadanía valora y cómo, para ello, las entidades públicas debían considerar la atención a partir de: formar las preferencias de los ciudadanos, pero también aprender de ellos, de sus opiniones, intereses, experiencia y conocimiento colectivo.

Con respecto al primer punto formar las preferencias de la ciudadanía cabe reflexionar sobre el valor de gran parte del discurso en los representantes políticos y cómo este ha ido calando en la ciudadanía, me refiero a esto de desvalorizar a los servicios públicos y hacer pensar que la satisfacción de las necesidades debe estar en manos del mercado; es decir, que cada uno y una compre los servicios que necesita y los que pueda, porque este planteamiento supone un ahorro a las arcas públicas y además lo privado es asimilado a mayor calidad.

Sabemos que ambos planteamientos son falsos, pero no por ello han dejado de repetirse hasta la saciedad, sirviéndose de los medios de comunicación y de una doble red de servicios públicos subarrendados a la iniciativa privada a través de la modalidad de conciertos. Ejemplo claro de esta situación es la doble red existente en el sistema educativo y la que se está implantando en la atención sanitaria y de dependencia o cuidados. Por supuesto, todo ello, acompañado de políticas de recortes y reducción de los recursos a los servicios públicos. Eso sí, en unas comunidades autónomas más que en otras, lo que ha llevado a una clara desigualdad territorial. Parece que no se ha educado a la ciudadanía precisamente en el valor de lo público.

En cuanto al segundo punto, las entidades públicas deben aprender de la ciudadanía, recoger y tener en cuenta sus opiniones, intereses, experiencia y conocimiento colectivo, considero que aún estamos más lejos. El Estado debe buscar la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos y debe hacerlo siempre a través de políticas de buen gobierno como la transparencia, los ejercicios de rendición de cuentas y un oportuno y eficiente servicio al ciudadano, y para lograrlo es vital para las entidades y servicios conocer a sus públicos objetivos y esta interacción con los grupos de interés es fundamental, ya que es a través de su participación que pueden dar a conocer sus intereses, preferencias y necesidades reales en las que debe estar enfocada la política pública.

En esta línea de la participación de la ciudadanía, para ejercer el poder de control y adaptación a las necesidades reales, es necesario reforzar las medidas y acciones dirigidas al empoderando de los ciudadanos y ciudadanas otorgándole la posibilidad de participación efectiva en el diseño de servicios y políticas públicas y en la valoración de calidad e impacto de las mismas. Con una política de gobierno abierto, la ciudadanía estará pendiente de quienes son las autoridades que aportan en la creación de valor público y en la mejora de los servicios públicos. Por supuesto, el control y fiscalización de lo público también debería realizarse a través de los medios de comunicación, quienes deben velar por el cumplimiento del Estado en los servicios públicos de calidad e igualitarios. “El valor público tiene tres componentes: qué grado de satisfacción tiene el ciudadano al acceder a ese servicio público, si le dan una oportunidad al ciudadano, y también si incorpora elementos de participación, empoderamiento, y de crear ciudadanía”. Edgar Ortegón.

La realidad, y más si cabe tras la crisis sociosanitaria producida por la Covid-19, deja poca duda sobre la necesidad de unos servicios públicos fortalecidos y de calidad y su impacto en el bienestar de la toda la ciudadanía. Y esto es así, porque en un día como hoy no debemos olvidar que las funciones principales que tienen son: en primer lugar, la búsqueda del equilibrio y redistribución de la riqueza entre los distintos grupos sociales, y, en segundo lugar, y no menos importante, la corrección de los de fallos provocados por la economía de mercado o neoliberalismo, entre ellos, la tendencia a la concentración de la riqueza o el capital en unos pocos y el deterioro del medio ambiente.

Eva Martínez Ambite