Eva Martínez Ambite
Para la mayoría de historiadores, es a partir de 1834, de la New Poor Law en el Reino Unido, cuando se inicia la construcción de los sistemas contemporáneos del bienestar. La legislación británica estructuró un sistema de ayudas que pretendía establecer un marco jurídico estable y funcional que beneficiara a los trabajadores más necesitados y sus familias. En esa evolución, en 1883, se crean en Alemania los primeros programas estatales de previsión social, que serán, con el tiempo, la base de los sistemas de seguridad y protección social actuales, siempre con un carácter contributivo, es decir, sostenido con las aportaciones de los y las trabajadoras en su vida laboral, y posteriormente, se han complementado con la vía fiscal, es decir, la contribución a través de los impuestos. Este hecho supuso un gran cambio para los trabajadores y trabajadoras, puesto que pasaron a ser meros “usuarios” de beneficencia a ser sujetos de derechos y obligaciones.
Este modelo se fue ampliando a otros países europeos, no de manera espontánea sino como resultado, no debemos obviarlo, de diversas movilizaciones y negociaciones de clase. Así en su inicio, la motivación fundamental de la política alemana para crear este primer sistema de protección social fue la neutralización política de las organizaciones emergentes de trabajadores, los sindicatos. Desde entonces el Estado de Bienestar se ha ido implantando de acuerdo con las capacidades económicas de los distintos países, pero también, no menos importante, su desarrollo y nivel de cobertura de las necesidades de la ciudadanía ha dependido, en gran medida, de la concepción ideológica y política de los gobiernos, tendentes a desarrollarlo a través de los servicios públicos como un derecho o a reducirlo en favor de la cobertura de necesidades por la economía de mercado, es decir, que cada uno compre lo que necesita en función de lo que tiene.
Por supuesto, que un Estado, es decir todos y todas, proteja más o menos las necesidades de su población no solo se concreta en los hechos, con el desarrollo mayor o menor de los servicios y políticas públicas, sino que conlleva un planteamiento ideológico y un discurso. En el caso de los estados más neoliberales o con menos protección social, el planteamiento ideológico no es otro que la ideología del esfuerzo individual o el tan nombrado “sueño americano”. Es decir, que la protección o responsabilidad de protección reservada al Estado se ejecuta más como un tema de caridad social que de un derecho y el primer objetivo para las políticas liberales de alivio de la pobreza es proteger al individuo contra la amenaza de la llamada «dependencia sobre el bienestar». (Waldron, 1986). Esa misma idea subyace en las manifestaciones de la señora Ayuso cuando tachó de “mantenidos subvencionados” a las personas más vulnerables en Madrid, aunque después intentara reconducir sus palabras hacia otros significados.
Pues bien, en los últimos días y con motivo del anuncio de poner tasas o impuestos a las carreteras, hemos oído otras declaraciones, esta vez, del señor Navarro, director de la DGT, intentando justificar este pago con la frase: «haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad”.
En definitiva, o de manera abreviada ha venido a decir: «el que lo usa, lo paga«. Pues bien, esta frase, que podría parecer muy lógica y de sentido común, a mí me resuena en la cabeza, porque me suena a más de ese discurso neoliberal, quien tiene dinero tiene bienes y servicios porque puede pagar por ellos. ¿Qué pasa entonces con la idea del interés general? ¿qué pasa con el planteamiento de base del estado de bienestar donde todos y todas somos responsables y contribuimos a su mantenimiento? Qué quieren que les diga, a mí me suena a más de lo mismo, para acceder a una jubilación suficiente, la alternativa sugerida, que no la solución, es ahorrar en fondos de pensiones privados, por supuesto, quien se lo pueda permitir porque tenga un sueldo suficiente que le dé para ahorrar; para tener sanidad y no pasar a formar parte de listas de espera se propone suscribir un seguro privado de salud; para poder recibir educación enviar a los hijos a escuela y universidad privadas, dejando de sostener por supuesto la escuela pública; para disponer de ayudas a la dependencia contratar asistencia personal; y así que cada uno se pague lo que necesita.
Si el presupuesto no nos llega porque tras la crisis económica ha venido la crisis sociosanitaria del Covid y el Estado no recauda lo suficiente para cuidar y proteger en condiciones dignas de la ciudadanía, pues venga, cada cual que se pague lo que necesite. Y me pregunto, ¿no será mejor exponer y explicar cuáles son las necesidades y las prioridades y hacer la pedagogía necesaria con la ciudadanía para que entienda que debe aportar para el bienestar de todos?
No, señor Navarro, o quien quiera sostener este discurso, no es responsable como representante público decir que se paguen impuestos por el uso individual de los servicios, sino que como Thomas Henry Marshall ya manifestaba en los años 50 del siglo pasado: es crucial para la ciudadanía el desarrollo de la protección del Estado a través de políticas públicas sociales, las cuales representan la manifestación tangible de la existencia de una comunidad política democrática, formada por ciudadanos libres y solidarios entre sí.
