Por Eva Martínez Ambite
El próximo día 20 de febrero, como cada año desde 2007, se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. El objetivo de la celebración de este día por la ONU es impulsar la labor de los estados para erradicar la pobreza y promover el pleno empleo y el trabajo decente, la igualdad y el acceso al bienestar social de toda la población.
El término justicia social hace referencia a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes y recursos sociales, asegurando así la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de todas las personas. Y es el Estado, a través de los servicios y políticas públicas, el responsable de ese reparto equitativo y de garantizar el cuidado y protección a toda la ciudadanía sin distinción alguna.
En España, no se trata de una opción ideológica del partido político en el gobierno, sino que es un claro mandato constitucional. Nuestra democracia en 1977 puso fin al monopolio de las instituciones de la beneficencia pública o privada que paliaban la pobreza y la desigualdad social, para, en su lugar, crear un estado de bienestar -la Constitución utiliza el concepto de Estado social y democrático de Derecho- que debía proteger a los ciudadanos y ciudadanas de la pobreza, de la enfermedad, de la adversidad y garantizar ese principio tan importante que es la igualdad y el acceso a la cobertura de necesidades básicas como responsabilidad de los poderes públicos y no como responsabilidad de la iniciativa privada. Unos servicios públicos de calidad y con recursos suficientes (económicos y humanos) para compensar las deficiencias y diferencias que crea la economía de mercado y en este momento, está agravando la pandemia.
Sin embargo, en nuestros días, antes con la crisis económica y ahora como consecuencia de la crisis sociosanitaria nos estamos acostumbrando y normalizando a las llamadas “colas del hambre”, largas colas de personas esperando que desde la caridad o solidaridad privada (asociaciones, entidades o movimientos sociales) se palie parte de las carencias que viven.
Habrá que reconocer que este desbordamiento de la solidaridad privada revela un grave fracaso de los sistemas de protección públicos, de los planteamientos sociales de la democracia moderna. La pandemia tan solo ha acuciado los problemas que ya existían, y que es el incremento de la desigualdad en la ciudadanía, al tiempo que se desmantelaban desde la política y los sucesivos gobiernos el estado de bienestar. Los recortes en servicios y políticas sociales, y la derivación de los recursos públicos a la iniciativa privada como forma de negocio en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia etc. son, en gran medida, los responsables también de estas “colas del hambre”.
No solo hemos normalizado esto, sino más grave aún es que las personas que necesitan ayuda para poder comer son derivadas diariamente desde los servicios públicos al Banco de Alimentos o a diversas ONG. Como bien dice Pedro Cabrera “durante el último tercio del siglo XX habíamos conseguido que esas colas vergonzosas de pobres se eliminaran, dándoles un tratamiento más digno, decente y discreto, pero ha vuelto esa exposición morbosa y degradante ante los peatones que las presencian».
La solidaridad y la ayuda, en este momento tan incierto y devastador, son encomiables y enaltecen a quienes se comprometen con el sufrimiento humano, pero la única salida justa es luchar contra la desigualdad y la exclusión a través de unos servicios públicos para todos y de todos, porque todos y todas contribuimos a mantenerlos con nuestros impuestos, y esa es la verdadera solidaridad. La realidad es que, aunque los derechos sociales y de protección están reconocidos en la Constitución, a día de hoy no disponemos de servicios públicos que puedan afrontar una crisis de estas características.
Debemos decidir hacia dónde debemos ir. Caminemos de una vez hacia un escenario donde las prestaciones sociales y servicios sean absolutamente universales y trasciendan el vaivén de los partidos políticos. Reclamemos el cumplimiento de los derechos sociales recogidos en nuestras leyes y exijamos que, en cumplimiento de ese mandato constitucional que impone a los poderes públicos actuar en pro de la igualdad y cobertura de necesidades, la Administración ejerza su principal objetivo, que no es otro que perseguir siempre el interés general y la realización efectiva del Estado Social y, a través del mismo, avanzar hacia una verdadera justicia social.
