Tras las vacaciones, retomamos este espacio de reflexión y posicionamiento. Continuamos remarcando la necesidad de lograr unos servicios públicos de calidad e inclusivos como garantía para la igualdad de oportunidades de toda la población. En los meses pasados hemos aprendido y disfrutado de la increíble participación de más 600 empleados y empleadas públicas en los cursos de formación ofertados. Estos cursos han tenido por objetivo facilitar herramientas y materiales formativos gratuitos y accesibles para que, sobre todo los y las trabajadoras de los servicios públicos pero también la ciudadanía, comencemos a comprender cómo operan la discriminación y el racismo en el Estado español y nos formemos para cuestionar y hacer frente al racismo institucional tanto individual como colectivamente.
Siguiendo en esta línea hoy abordamos una nueva realidad o cambio de paradigma, pues a raíz de la pandemia continúa la generalización de la atención telemática en los servicios públicos. Primero el confinamiento y después las reglas de distancia social han puesto a prueba la capacidad de continuar nuestras vidas limitando las interacciones físicas. Esta cuestión es particularmente relevante cuando se trata de los trámites públicos presenciales, los cuales suponen la puerta de acceso a servicios públicos básicos para garantizar la protección de derechos, como son la salud, la educación, la protección social, etc. Sin negar la importancia de la prevención así como la necesidad de reducir los contactos para evitar la propagación del virus, tras un año y medio, nos parece importante analizar este cambio y como ha condicionado, y seguirá haciéndolo, la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Para poder reflexionar sobre este cambio, tenemos que abordar el término de la brecha digital, y cómo a través de él, allá por el año 2000 se identificó la existencia de nuevas desigualdades sociales derivadas del uso de los ordenadores y de Internet. La brecha digital produce desigualdad social (Mossberger, 2007) al segmentar a la población entre «conectados» y «no conectados», y desde esta diferencia, los primeros gozan de más ventajas sociales que los segundos. Esta diferenciación no es dicotómica, sino que abre todo un abanico de posibilidades para aproximarse o alejarse de la exclusión social, dado que abarca desde el acceso a las infraestructuras (redes, ordenadores, software) hasta el conocimiento de uso para acceder a los servicios, pasando por los conocimientos sobre los propios sistemas de protección de derechos. Es decir, que existe una brecha de acceso, una brecha digital de uso y, por último, una brecha digital de beneficio (Ragnedda and Ruiu, 2017).
En cuanto al primer nivel, o acceso a las infraestructuras necesarias, en España, de hecho, el 91,4% de la población entre 16 y 74 años se ha conectado alguna vez a Internet. Solo un 5,2% de las personas que dicen que no utilizan Internet o que no tienen habilidades digitales afirman que es por no disponer de la conexión adecuada.
El segundo nivel de brecha hace referencia a inequidades en términos de motivación y habilidades de uso (Ragnedda and Ruiu, 2017). Lo podemos identificar con las destrezas en el uso de las TIC y las finalidades o el para qué usamos Internet. Y en este caso, en contra de lo que se suele creer, la principal brecha digital en España no es una cuestión de infraestructuras, (aunque la hay) sino que lo que identifica la brecha en mayor medida es la falta de conocimiento para utilizarla. Según datos del INE, en el 2019, solo un 39,8% de la población española mostraba habilidades avanzadas en ese campo, (Informe La brecha digital en España. Edición 2019. UGT Comunicaciones ) y en el 2020, según datos también del INE, año de la pandemia, casi un 35% de la población decía no saber cómo comunicarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos al no tener los conocimientos necesarios.
En cuanto a la relación con los servicios públicos, y la generalización de la atención telemática, yo quiero abordar una nueva brecha o problema. Ester trata de que a partir de la necesidad que el ciudadano o ciudadana tiene, pueda conocer sus derechos así como los trámites necesarios para acceder a ellos. Lo que supone la necesidad de asesoramiento profesional en distintas esferas, el empleo, los servicios sociales, los servicios sanitarios, etc.
Ante todo esto, cabe preguntarse que está ocurriendo con el 60% de esta ciudadanía que no tiene habilidades en el uso de Internet, ¿cómo está resolviendo sus problemas y necesidades, claramente agravadas como consecuencia de la propia pandemia? Pues por lo que sabemos, no lo está haciendo, y algunos datos que avalan esta afirmación son cómo la falta de alfabetización digital es directamente proporcional a la falta de empleabilidad y a un peor desarrollo profesional .
En definitiva, si encontrar a un ciudadano o ciudadana plenamente digital que se mueva cómodamente en la Red, y que tenga voz y participación, aún está lejos de haberse alcanzado en nuestro entorno. Por tanto, será necesario además de un plan de formación digital ambicioso que llegue a toda la población a medio y largo plazo, volver a la necesaria atención presencial, o al menos a una atención telefónica accesible y de calidad, donde la ciudadanía reciba información y asesoramiento para poder encarar las dificultades que ya existían pero que se han visto agravadas considerablemente. No podemos aceptar sin más que la gestión de la pandemia genere nuevas discriminaciones y aboque aún más a la exclusión a una buena parte de la población.
