Seguramente muchas de las personas que leemos este artículo en los últimos días estamos pendientes de la cita médica de nuestra vacunación. Nos preocupa el cuándo y cuál será la vacuna que nos acerque a ese lugar deseado de poner fin a esta etapa marcada por la COVID-19 con todas sus implicaciones. En nuestra espera, los medios de comunicación informan sobre las vacunas y sus consecuencias. Y mientras escuchamos las noticias, y a lo largo del último año, una de las principales lecciones aprendidas de esta pandemia es que necesitamos proteger la salud y su asistencia de la comercialización y la privatización, con el objetivo de garantizar la accesibilidad a todas las personas, independientemente de su situación económica.
Otro aprendizaje importante en estos más de 12 meses es que nos hemos hecho conscientes del significado de la palabra interdependencia, tanto por la expansión del virus como en la elaboración de las vacunas, hemos podido comprobar el grado de interconexión existente entre las personas, los seres vivos y los países a escala planetaria.
Con estos aprendizajes en la mochila y el interés de defender lo público la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) ha lanzado una campaña para que todos los países tengan acceso a toda la información, las investigaciones y los productos médicos necesarios para tratar el virus y evitar su propagación. Ya que se considera que si se mantiene en secreto información en aras de las ganancias de una parte de la industria farmacéutica, millones de personas podrían verse infectadas innecesariamente.
Gran parte de la información que utilizan las empresas farmacéuticas para vacunas y tratamientos médicos procede de la investigación, instituciones y tecnologías del sector público. A pesar de ello, las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC obligan a los países a permitir que las grandes empresas farmacéuticas privaticen las innovaciones logradas con financiación pública.
Las normas de propiedad intelectual también permiten a las empresas farmacéuticas impedir que otros fabricantes produzcan las vacunas y medicamentos de COVID-19, impidiendo así la ampliación de la producción. Estas normas garantizan que las grandes farmacéuticas tengan el monopolio del mercado y puedan dictar los precios, incluso a los gobiernos de los países que pueden verse obligados a endeudarse para comprar las vacunas.
Preocupa que los poderes de monopolio otorgados a las empresas farmacéuticas por el ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) permitan a las empresas obtener beneficios mientras las y los trabajadores de los servicios públicos han trabajado incansablemente para garantizar que superemos la crisis. En consecuencia, la ISP insta a que desde cada país los agentes sociales hagan un llamamiento a sus respectivos Gobiernos para apoyar la propuesta de la India, Sudáfrica, Kenya, Eswatini, Pakistán y Mozambique de una «Exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19«.
El pasado 10 de marzo, varios países bloquearon por 8ª vez la exención de los ADPIC en el Consejo de los ADPIC de la OMC, impidiendo una vez más el aumento urgente de la producción de vacunas.
Es necesario un acceso igualitario a las medidas que salvan vidas en todas partes, si queremos acabar con la pandemia de la COVID-19. La exención promovida por la ISP ha sido respaldada por 57 países y cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, UNITAID y ONUSIDA. De hecho el Director General de la OMS ha demandado a los gobiernos que dejen de lado el nacionalismo y los intereses de las farmacéuticas sobre las vacunas, que «podría servir los intereses políticos a corto plazo, pero que es autodestructivo y conducirá a una recuperación prolongada«.
La campaña de presión de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de trabajadoras y trabajadores en 154 países, está consiguiendo visibilidad y resultados en todos los países tanto a nivel político como mediático. Pero como la propia ISP advierte se debe mantener la presión durante el mes de abril, cuando el Consejo de los ADPIC se reúna de nuevo, y hasta el próximo Consejo General de la OMC, que tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo. Los países que bloquean y apoyan la posición de la industria farmacéutica, esperan alargar este asunto hasta junio-julio con la esperanza de que las campañas de vacunación hayan avanzado hasta entonces y el descontento público sea menor.
Por eso es muy importante visibilizar esta campaña en cada país y hacer llegar a los gobiernos la carta de la campaña de la ISP que exige el acceso universal a la vacuna Covid-19 y pone en valor la defensa del derecho a la salud de todas las personas. Para defender tanto los derechos humanos como el desarrollo económico en igualdad de oportunidades y hacer realidad a escala global el #SalimosTodasJuntas, sin dejar a nadie atrás.
Campaña “El acceso universal a la vacuna Covid-19 ” de ISP, al final de la noticia se puede encontrar la documentación (declaración institucional de la ISP y carta de participación)
